La acusación constitucional en contra de la Intendenta de la Región del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, fue el tema a tratar por una mesa redonda denominada ¿Aspectos Jurídicos de la Acusación Constitucional en contra la Intendenta del Bío Bío Jacqueline Van Rysselberghe¿, iniciativa que se llevó a cabo en el auditorio del campus Chacabuco de la sede Concepción de la UDLA.

A cargo del debate, organizado por el departamento de Derecho Público de la UDLA,  estuvo Humberto Nogueira, abogado y profesor de Derecho Constitucional, quien colaboró en la preparación del libelo de la acusación de la Concertación, y Fernando Saenger, destacado abogado de la región y constitucionalista. Patricio Zapata, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de UDLA y experto constitucionalista, moderó de la cita.

De esta forma, más de 100 asistentes escucharon atentos el debate, que giró, principalmente, en torno a dos interrogantes.

La primera fue la inhabilitación de quienes intervinieron públicamente con sus denuncias y opiniones para fallar, más adelante, como senadores en el juicio que sigue el Senado como jurado. La segunda se refirió a la procedencia y legalidad de las órdenes de partido en este asunto.

Las conclusiones de ambos profesores es que la normativa constitucional no establece inhabilidades específicas para el caso de la acusación constitucional. Sin embargo se resaltó la necesidad de mantener el principio de imparcialidad de los juzgadores en un Estado democrático de derecho. Por su parte, el profesor Nogueira concluyó que las órdenes de partido están prohibidas en nuestra legislación.

Abril 06 de 2011.