La Facultad de Derecho pone al servicio de la comunidad UDLA una clínica jurídica con el objetivo de otorgar asesoría gratuita mediante el patrocinio y poder de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Lo anterior, para presentar querellas criminales y eventuales demandas civiles para la indemnización de perjuicios y para que sea conocida en sede de Tribunal Oral en lo Penal, en favor de alumnos y funcionarios de UDLA que hayan sido víctimas de violencia estatal y/o violaciones de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, a propósito de las manifestaciones públicas generadas desde el pasado 18 de octubre.

Los beneficiarios de este servicio son alumnos de UDLA que tengan la calidad de regulares hasta el momento de su titulación. Además, se otorgará el beneficio a funcionarios que actualmente ejerzan su actividad en la institución.

La asistencia jurídica se entrega dentro del territorio jurisdiccional en donde UDLA tiene sedes, es decir, Santiago, Concepción y Viña del Mar. En caso que los hechos denunciados hayan ocurrido fuera de estos territorios, solo se otorgará información respecto de otras entidades que le puedan prestar ayuda.

Para tener acceso a la asistencia jurídica los alumnos deberán dirigirse a la Dirección de Asuntos Estudiantiles. En tanto los funcionarios se dirigirán a la Dirección de Personas. En ambas entidades llenarán una ficha de atención y tomarán contacto con la Clínica Jurídica.

                En cuanto a los requisitos para ser asistidos, los alumnos y funcionarios deberán haber realizado la denuncia respecto de los hechos de violencia sufridos. Sobre el punto, basta con haber realizado la denuncia exponiendo los hechos, independiente de la calificación jurídica que haya dado la policía o la Fiscalía a ellos, por cuanto la querella a presentar puede tener una calificación jurídica distinta.

 Junto con la denuncia, resulta necesario que el afectado haya realizado o permitido la realización de las primeras diligencias necesarias tendientes a establecer la existencia del delito investigado y la responsabilidad de determinadas personas.  Entre estas actividades se encuentran, y sólo a modo de ejemplo, el haber asistido de inmediato a un centro hospitalario o equivalente para constatar sus lesiones, con el otorgamiento del “Dato de Atención de Urgencia” respectivo; o bien, haberse practicado las pericias forenses respectivas ante casos de violencia sexual.

Por último, se exigirá la firma de un “compromiso” en el que el beneficiario se obligará a aportar todos los antecedentes necesarios para la confección y presentación de la querella ante los tribunales, a la vez que se señalará su interés en aportar todo lo necesario para la continuación de la tramitación de la acción penal hasta la terminación de la tramitación de su causa penal.  Esto implica que deberá asistir a las audiencias en las que sea necesaria su presencia y también que se mantendrá informado del avance en la tramitación de su causa.