A fin de contribuir a la discusión que se desarrolla en el país para actualizar el actual Código Penal chileno, y que fue anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuanta pública, la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas, Sede Concepción, llevó a cabo el Seminario Nuevo Código Penal, actividad que contó con la participación de la abogada Doris Espinoza, directora del Departamento de Derecho Penal de UDLA; y  Sergio Caro, docente de la universidad y fiscal adjunto de Concepción.

Para Doris Espinoza “el actual Código Penal es anacrónico, porque en Chile se han dictado una gran cantidad de leyes para suplir la falta de actualización. Hay normas de propiedad intelectual, aduaneras, drogas, sobre delitos informáticos, ambientales, nucleares, de violencia intrafamiliar, Ley Zamudio, Ley Emilia y así sucesivamente, que a mi parecer debieran estar dentro del Código”.

Otro punto a abordar, los destaca Sergio Caro, fiscal adjunto de Concepción y docente de la universidad, es que hay que realizar un esfuerzo en la interpretación de las leyes. “Por ejemplo, en el hurto agravado se sanciona al posadero que se apropia de especies de las personas que concurren a ese lugar. Sin embargo, yo no puedo aplicar este principio a un administrador de un hotel que se robe un objeto de un residente, porque no es exactamente lo mismo”.

La académica de la UDLA plantea que “el Nuevo Código Penal debe ser capaz no solo de hacerse cargo de nuevos delitos, sino también de la proporcionalidad de la pena, donde vemos diferencias –por ejemplo- en delitos contra la propiedad v/s delitos contra la vida”.

Agrega que mantiene lenguaje obsoleto, normas redundantes y no se condice con la realidad internacional. “A nivel mundial la tendencias es  generar penas alternativas, como trabajos comunitarios, y en este sentido nuestro Código no tiene espacio para enfrentar estos desafíos”.

Cabe recordar que el Código Penal chileno tiene más de 141 años. Actualmente se encuentra trabajando en la elaboración de un proyecto de ley, una comisión redactora constituida por académicos de alto nivel en el área del derecho penal, lo que  fue anunciado, por la Presidenta de la República, en su última cuenta pública. Se espera que en un corto plazo se pueda contar con una nueva normativa, actualizada, moderna y conforme a las actuales corrientes en materia de control de la delincuencia y garantías de todas las personas, imputados y víctimas.