Chile es el único país de América Latina que mantiene una Constitución establecida en dictadura, mientras todos los países que vivieron la misma situación, una vez producida la transición a la democracia, establecieron nuevos acuerdos políticos, en Chile aquello no ha sucedido.
A más de 20 años del retorno de la democracia, se han aprobado en el Congreso más de 20 reformas a la Constitución, siendo la más trascedente de ellas, el acuerdo establecido entre el gobierno de Ricardo Lagos y la oposición en agosto de 2005, que suprimió gran parte de los enclaves autoritarios.
La pregunta es si es posible un nuevo arreglo Constitucional. Lo interesante del escenario post 2005, es que las importantes reformas que señalábamos más arriba no han generado mayor lealtad con la Constitución. De hecho, se han estimulado las propuestas en el Congreso Nacional para reformar la Carta Constitucional. Pero además, en el año 2009, tres de los cuatro candidatos presidenciales que se presentaron en primera vuelta planteaban reformas sustantivas al régimen. Situación similar se repite en 2013. La Presidenta ha incluido el mecanismo en la discusión.
La interrogante que, a mi juicio, resulta crucial resolver como sociedad es: ¿qué modelo de democracia necesitamos para el país? Nuestro norte debiese ser construir una sociedad de iguales, esto es, donde la política sea un espejo de nuestra sociedad y no de nuestra élite. Lo anterior requeriría redefinir el corazón de nuestro sistema político y ello se llama Constitución. Porque al parecer, no es la superación de la desigualdad económica la que permitirá una mayor igualdad política, sino que -por el contrario- es el generar condiciones de igualdad política lo que provocará mayor igualdad económica. La tentación de cambiar las reglas del juego, no es solo eso; es más bien una necesidad. Pero hoy, estamos ante un dilema. ¿Es imposible bajo el actual marco jurídico producir una Nueva Constitución? Algunos sostenemos que la solución no solo es jurídica, es también política. Se requiere de un acuerdo amplio, plural e inclusivo para propiciar una transformación.
Si aceptamos esta premisa, entonces concluiremos que el debate sobre la Nueva Constitución es en esencia un problema político y no solo jurídico, por lo que dependerá de quienes sean elegidos parlamentarios en 2017 y de la capacidad y fortaleza de la sociedad civil para demandar una nueva Constitución, generada en un proceso político donde tengamos la oportunidad de participar, como es el proceso que hoy se ha iniciado, en el que estamos incluidos y donde la invitación es a seguir sumando.