El debate acerca de la nueva Constitución pone urgencia en tratar de definir el Derecho a la Salud, debido a que son varios actores lo que plantean que debiera ser un derecho constitucional. En este contexto y ante la pregunta de cómo se define el Derecho a la Salud que sería necesario garantizar, el Dr. Hernán Sandoval, conocido como el creador del Plan AUGE y quien es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UDLA, encabezó el seminario en el que se debatió sobre  los avances y desafíos relacionados.

El especialista planteó que hay muchos países que han alcanzado una atención médica de calidad para todos sus ciudadanos. Sin embargo, “esto que parece de la mayor justicia, no ha acarreado un mejoramiento parejo de la salud porque persisten diferencias evitables entre diferentes grupos poblacionales que se expresan en la frecuencia de las enfermedades, las tasas de discapacidad y la expectativa de vida”, argumentó. En definitiva, “no se alcanza la equidad en salud, con el mejoramiento de la cobertura y de la calidad de la atención médica”, enfatizó.

En tanto, Patricio Zapata, decano de la Facultad de Derecho UDLA, dijo que “reconocer el derecho a la salud como un derecho fundamental no trae ningún milagro; no porque pongamos en la Constitución que debe haber una salud de calidad va a ocurrir, no van a aparecer nuevas camas y especialistas mágicamente. Sin embargo, eso no significa que no ayude, ya que cuando utilizas la categoría de derecho fundamental se alzan las barreras de exigencia y, aunque no se garantiza ningún resultado, estás incorporando en la mesa de diálogo una mirada y expectativa que no tiene poder político”.

Avances y pendientes

El Dr. Sandoval admitió que en Chile se ha avanzado en la formulación de normas y mecanismos que permiten garantizar el acceso de toda la población a una atención médica de calidad, mediante la Ley 19.966 (2004), para un grupo seleccionado de patologías en función de su impacto sanitario y que representan más del 70% de la carga de enfermedad del país. “La aplicación de dicho régimen ha permitido una mayor equidad en el acceso a las prestaciones de salud, favoreciendo a los grupos de menores ingresos”; no obstante, “el mejoramiento de la igualdad de acceso no ha impactado significativamente la equidad en resultados”, aclaró.

A su vez, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic –uno de los expositores invitados – recalcó que si bien se han mejorado algunos servicios y oportunidades en la atención, “hay una sensación de inequidad e insatisfacción muy fuerte por parte de los usuarios respecto de cómo el sistema resuelve sus expectativas, se sienten vulnerables”.

“Tan crítico como eso es la percepción del trato en la atención médica, ya que, de acuerdo a una encuesta realizada por la Superintendencia, la mayoría de las personas dice que quienes reciben un trato preferencial son las clases acomodadas y quienes son postergados son los adultos mayores, personas de zonas rurales, personas pertenecientes a pueblos originarios, inmigrantes y pobres. Esta es la herida abierta de nuestro sistema de salud”, expresó.

Al respecto, el Dr. Sandoval considera que aquello muestra un desnivel importante en desmedro de los grupos poblacionales de menores ingresos y de más bajo nivel de educación y no se han modificado con el mejoramiento del acceso. Por tanto, “si queremos establecer en la Constitución el Derecho a la Salud, hay que abordar también las condiciones de vida y en particular, los determinantes sociales de la salud”, advirtió.

En este contexto, afirmó que “se necesitan nuevos marcos constitucionales, jurídicos y normativos, que permitan el despliegue de una concepción de la salud como constructo social y no sólo como una respuesta a la amenaza de la enfermedad”. “El rol de las políticas públicas es extraordinariamente importante en garantizar un buen estado de salud para todos y en superar las deficiencias en equidad que podemos constatar en el país”, precisó.

Por su parte, Alicia Yamin, Instructora Adjunta de Derecho y Salud Mundial de la Universidad de Georgetown,  concluyó que “el poder judicial tiene un papel importante en asegurar que el Derecho a la Salud sea exigible, pero sin que los jueces y abogados sean protagonistas. La idea es formar una sociedad más equitativa, con más salud para todos, por lo que se trata más de una movilización social que de llevar reclamos a la justicia individualmente”.

Medicina reproductiva

En el segundo día del seminario expuso Fernando Zegers, médico cirujano especialista en Medicina Reproductiva, en cuanto al problema global de la infertilidad y los prejuicios que existen conforme a los métodos de reproducción asistida.

“Las estrategias seguidas en los últimos años han sido eficientes en espaciar los nacimientos, y reducir mortalidad materna, pero no han contribuido a preservar un derecho fundamental que es el derecho a fundar a una familia”, indicó Zegers.

Agregó que “es injusto imponer la pesada carga de la sobrepoblación en mujeres y hombres que padecen de infertilidad, y que buscan en la inseminación in vitro una alternativa para ser padres. Además, cabe apuntar que todos los niños contribuyen de igual manera a la sobrepoblación, no solo aquellos que nacen de tratamientos de infertilidad”.

Al evento también asistieron Gisela Alarcón, subsecretaria Redes Asistenciales Minsal y el Dr. Claudio Schuftan, dirigente  del Movimiento de Salud de los Pueblos (PHM).